Si bien el descuento del 50 % en el precio del SOAT puede incentivar la adquisición del seguro, esto puede no resolver el problema más grande: las altas cifras de accidentalidad que presentan las motos. Más allá de los asuntos fiscales, el tema de fondo es de seguridad vial, no sólo de sostenibilidad económica.
El gobierno dio la semana pasada un primer paso para intentar solucionar las tensiones y conflictos que hay con el SOAT, en especial con los usuarios de motos en el país.
Según los ministerios de Hacienda y de Transporte, el precio del SOAT tendrá una reducción de 50 % para quienes manejen motos de bajo cilindraje (menos de 200 cc), así como para taxis, autos de negocios, microbuses y servicio público urbano e intermunicipal. La medida, que entraría en efecto para las pólizas que sean contratadas desde diciembre de 2022, costará unos $2 billones, que serán cubiertos con una adición presupuestal y con los mayores recaudos que viene presentando la Dian.
La decisión de reducir el precio del SOAT busca al menos una cosa de fondo: incentivar la adquisición del seguro obligatorio y reducir por esta vía su altísima evasión. Para diciembre de 2021, el ramo del SOAT registró pérdidas por $192.000 millones y en el primer semestre de 2022, ya presentaba un déficit de $138.000 millones.
Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras, se pronunció diciendo que la medida de reducción en los precios le parecía buena: “sobre todo si logramos dos efectos: lo más importante, propiciar un cambio de comportamiento en los motociclistas que permita disminuir los altos niveles de accidentalidad, y segundo disminuir la evasión”, sostuvo Miguel Gómez, presidente del gremio. De acuerdo con cifras de esta organización, la medida del Gobierno cobijaría a unos 4,2 millones de vehículos y de este total 3,9 millones son motocicletas.
Por otra parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que en el proceso de las reclamaciones del SOAT se presentan muchas inconsistencias. Esa es la razón por la cual muchas aseguradoras se han apartado del negocio de la venta de este seguro obligatorio. Con la decisión del gobierno se busca subsanar los problemas en este mercado para que vuelva a ser dinámico.
Fuente: El Espectador.
