El Viceministerio de Transporte emitió una circular en la que se ordena imponer sanciones a los conductores que presten el servicio de transporte público individual en carros particulares, como lo hacen los conductores de Uber.
Las personas sorprendidas trabajando en aplicaciones de transporte como Uber se les sancionará con una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes (smldv), es decir, 1′600.000 pesos, y se establece la inmovilización del vehículo por un término de cinco, veinte y cuarenta días en caso de reincidencia.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha afirmado que el servicio de Uber es ilegal en Colombia y que deben hacer cumplir la ley. Por otro lado, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, busca que empresas como Uber y Rappi declaren a sus “socios” como trabajadores y que se les pague las prestaciones de ley. Para la ministra, el algoritmo de las aplicaciones debe ser visto como un “patrón” para establecer la presunción de una relación laboral y garantizar los derechos de los trabajadores, como la seguridad social.
Aunque algunos podrían interpretar esto como un reconocimiento de la legalidad de plataformas como Uber, la ministra sostiene que se enmarca en el principio de neutralidad tecnológica y que se busca regular estas plataformas en lugar de prohibirlas o llevarlas al trabajo informal e ilegal.
Hoy son más de 200.000 familias que están viviendo de estos modelos de bienes y servicios y de movilidad en términos generales”, enfatizó la jefe de esa cartera ministerial a ese medio de comunicación sobre el caso de aplicaciones como las de Rappi y Uber.
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