Este jueves 15 de diciembre se conoció que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, le presentó al Ministerio de Salud y Protección Social una serie de observaciones sobre el proyecto de decreto para modificar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según ella, los cambios estarían generando incertidumbre entre los prestadores de servicios de salud y serían muy costosos para ese rubro del presupuesto nacional.
En la lista de peros que entregó, el Ministerio Público indicó que son altos los riesgos para la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales, así como para la garantía de la prestación efectiva de los servicios asistenciales a los ciudadanos víctimas de siniestros. Además, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendría problemas para hacer auditoría sobre estos recursos.
Además, la Procuraduría muestra su preocupación y plantea varias preguntas. ¿Cuál va a ser el manual tarifario aplicado para el reconocimiento y pago de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, y en general a las tecnologías en salud suministradas?
Adicionalmente, se tienen dudas sobre la disminución de la cobertura de los servicios a cargo de este seguro, de 800 a 300 SMLMV para un grupo de categorías de vehículos a partir de establecer rangos diferenciales de riesgos, por lo cual, se solicitó aclarar el proceso de presentación, cobro y pago de las facturas generadas dentro del rango de cobertura que supere este valor.
Reiteró que es importante para la entidad conocer cuáles serán los procesos asumidos por las compañías aseguradoras que expiden el SOAT y si a partir de los 800 SMLMV serán tomados por las Entidades Promotoras de Servicios de Salud como un tercer cobro o un fondo independiente.
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