La Dijín capturó en varios municipios de Risaralda a una banda dedicada a engañar y robar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). De acuerdo con las autoridades, utilizaba cualquier tipo de accidente doméstico para justificar cobros a ambulancias y hospitales.
En la operación, desarrollada en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, fueron capturadas 11 personas, dos de ellas eran policías. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que del delito participaban empresas de ambulancia, médicos, clínicas y guardas de seguridad.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, esta banda operaba repartiendo publicidad, tarjetas y volantes en la ciudad de Pereira, además, a través de redes sociales. “Ofrecían remuneraciones económicas a quienes participaran del fraude, haciendo pasar como supuestos accidentes de tránsito situaciones como caídas en el hogar, lesiones deportivas, enfermedades generales, accidentes laborales, entre otros”, explicó la directora de la Dijín de la Policía, general Olga Salazar.
Con este tipo de fraude, la organización lograba que se efectuaran pagos a las empresas de ambulancias, pues cobraban traslados de pacientes a centros asistenciales por valores cercanos a los 300.000 pesos por persona, además de desembolsos a clínicas prestadoras de salud por montos entre 109.000 y más de 58 millones por concepto de asistencia médica.
“Se estableció un monto aproximado de defraudación por valor de 2.909 millones de pesos por parte de los centros médicos y el servicio de ambulancias en estos tres años en el área metropolitana de Pereira”, apuntó Salazar.
La red que conformaron estas personas iba más allá. En la investigación se evidenció, además, que los empleados de las empresas prestadoras de emergencias alquilaban los Soat de vehículos de su propiedad para realizar el fraude con las personas que eran remitidas en las ambulancias por los falsos accidentes.
Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público.
Fuente: El Tiempo.
